TIJUANA, B.C. A 18 DE ABRIL DEL 2026. — En un intento por destrabar la pesada carga burocrática que históricamente ha caracterizado la resolución de quejas ciudadanas, las Sindicaturas Procuradoras de Tijuana y Tecate sostuvieron este viernes 17 de abril una mesa de trabajo. El objetivo central: homologar procesos de investigación y dar celeridad a los procedimientos administrativos, un tema en el que ambas dependencias enfrentan el constante escrutinio público.
La titular de la dependencia tijuanense, Teresita Balderas Beltrán, recibió a su homóloga tecatense, Sarahí Osuna Arce, y a su equipo de la Dirección de Investigación y Determinación. El encuentro oficial se enmarcó en la necesidad de intercambiar criterios operativos para hacer más eficiente el curso de los expedientes.
Más allá de la diplomacia institucional, la reunión tocó uno de los nervios más sensibles de la administración pública: el rezago en las carpetas de investigación ciudadana. Durante la mesa, Balderas Beltrán reconoció que al inicio del XXV Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, se toparon con un archivo muerto y un estancamiento considerable en los procesos de responsabilidad administrativa.
El dato más crítico expuesto por la funcionaria tijuanense fue la prioridad que han tenido que darle a las denuncias contra elementos de la policía municipal, subrayando que las presuntas violaciones a los derechos humanos conforman el grueso de las exigencias más urgentes.
“Del cúmulo de expedientes rezagados, priorizamos aquellos de carácter sensible, particularmente los relacionados con posibles violaciones a derechos humanos, lo que permitió emitir las primeras resoluciones en esta administración”, justificó Balderas, señalando que mantienen coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
Por su parte, la síndica de Tecate, Sarahí Osuna Arce, y su equipo técnico, recorrieron las instalaciones de la Dirección de Investigación y Determinación en Tijuana para observar de primera mano la operatividad de sus pares, manifestando la intención de replicar esquemas que agilicen la justicia administrativa en el Pueblo Mágico, donde la corporación policial también ha estado bajo la lupa ciudadana en meses recientes.
Si bien el acercamiento entre ambas Sindicaturas marca una pauta de colaboración intermunicipal favorable en el papel, el pulso en las calles y en las redes sociales marca un ritmo distinto.
Para el ciudadano de a pie, las mesas de trabajo y la «homologación de criterios» resultan conceptos abstractos cuando se enfrentan a la burocracia real al intentar denunciar una extorsión, un abuso de autoridad o una negligencia gubernamental. En las plataformas digitales de ambas ciudades, el reclamo hacia las Sindicaturas es unísono y constante: la ciudadanía no pide más reuniones a puerta cerrada, sino la inhabilitación efectiva de los malos funcionarios y la depuración real de las corporaciones policiacas.
El reto para ambas administraciones será demostrar que el intercambio de experiencias de este viernes se traduzca, a corto plazo, en resoluciones palpables y en la erradicación de la impunidad institucional que tanto lástima la confianza del bajacaliforniano.
