PLAYAS DE ROSARITO, B.C. A 17 DE ABRIL DEL 2026.— El diputado local por el Distrito 15, Fidel Mogollón, presentó ante el Congreso de Baja California dos puntos de acuerdo que tocan fibras sensibles para la región: la desconfianza ciudadana frente a la presunta operación de corporaciones apócrifas y la urgencia de rescatar al golpeado sector agrícola del estado.
Lejos del optimismo de los boletines oficiales, las propuestas llegan a un escenario donde la exigencia social demanda acciones más allá de los trámites legislativos.
El primer exhorto, y quizás el de mayor impacto inmediato para la zona costa, está dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General del Estado (FGE). Mogollón solicitó una investigación formal para prevenir y sancionar la usurpación de funciones policiales.
La iniciativa busca frenar el uso indebido de patrullas, uniformes y equipamiento oficial por parte de civiles. Este punto hace eco directo de una denuncia constante en Baja California. Basta con revisar los grupos de reportes ciudadanos en redes sociales de Tijuana y Rosarito para encontrar testimonios semanales de automovilistas intimidados en retenes sospechosos o detenidos por unidades con balizaje dudoso.
Sobre este tema, el legislador rosaritense señaló desde la tribuna: “Nuestra labor es asegurar que los recursos del estado, tanto humanos como materiales, se utilicen con estricto apego a la ley y en beneficio directo de la gente”. Sin embargo, el reto para la FGE será demostrar con detenciones y desarticulaciones que esta petición no se quede en un simple llamado a misa.
En un segundo frente, Mogollón propuso la creación de mesas de trabajo interinstitucionales que involucren a los tres niveles de gobierno para diseñar estrategias de apoyo al desarrollo sostenible del sector agrícola.
Si bien la intención formal es coordinar esfuerzos para bajar recursos, la realidad a ras de surco es más áspera. En diversas entrevistas y manifestaciones recientes, productores de los valles agrícolas de Baja California han sido enfáticos: la etapa de diagnóstico y «mesas de diálogo» está agotada. El campo enfrenta una crisis hídrica severa, recortes en subsidios federales y encarecimiento de insumos, por lo que la expectativa del sector productivo no es tener más reuniones, sino acceder a presupuestos de emergencia y soluciones técnicas inmediatas.
La presentación de ambos exhortos marca la agenda del representante del Distrito 15, pero el termómetro en las plataformas digitales es implacable. La ciudadanía, cansada de discursos políticos, exige que estos puntos de acuerdo se traduzcan en operativos reales contra la clonación de patrullas y en maquinaria o apoyos llegando a los ejidos. El papel aguanta todo; ahora falta que las dependencias exhortadas respondan con hechos.
