Por PaVlito ClaVo un ClaVito
Esta semana dejó tres asuntos que ponen a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos: los ciclones que amenazan distintas regiones del país, la crisis por la calidad del agua en Jalisco y las cuentas públicas de dos municipios de Baja California que no obtuvieron el aval de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal.
A esto se suma una diferencia importante: mientras algunas autoridades llaman a la población a prevenir riesgos, otras deben explicar por qué los problemas de infraestructura, los servicios públicos y el manejo del dinero siguen generando inconformidad.
Vamos por partes, porque no todo lo que se anuncia está resuelto y no toda irregularidad significa que se haya cometido un delito.
NACIONAL
Sheinbaum suspende actividades ante la amenaza del huracán Simón
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre.
La medida responde al avance del huracán Simón, que alcanzó la categoría 4. Las autoridades esperaban que tocara tierra durante las primeras horas del domingo 11, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.
La decisión busca reducir los riesgos para la población. También se activaron medidas de emergencia y se pidió evitar traslados innecesarios en las zonas expuestas.
Aquí va el primer clavito: suspender actividades no esenciales no es un acto de debilidad del Gobierno. Es una medida preventiva cuando existe riesgo para la vida.
La evaluación, sin embargo, no debe terminar cuando pase el huracán. Habrá que conocer cuántas personas resultaron afectadas, qué daños dejó el fenómeno y qué tan rápido respondieron las autoridades.
También será importante revisar la infraestructura que falló y los recursos destinados a la prevención.
En Guerrero, Sheinbaum informó que la Comisión Federal de Electricidad había restablecido el 90.57% del servicio eléctrico en menos de 12 horas desde el inicio de las lluvias. Ese dato corresponde al balance comunicado por la presidenta, no a una evaluación independiente de todos los daños..
La emergencia exige coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Después vendrá la obligación de informar cuánto costó la atención, qué obras deberán repararse y qué recursos se utilizarán.
Porque prevenir salva vidas, pero rendir cuentas también forma parte de la responsabilidad pública.
Jalisco y el agua que llega con mal olor y color extraño
En Guadalajara, la crisis por la calidad del agua se ha convertido en un problema que rebasa las quejas aisladas.
Durante meses, habitantes de distintas colonias han reportado agua turbia, con sedimentos y olores desagradables. La inconformidad llegó hasta el gobernador Pablo Lemus durante una protesta de estudiantes del ITESO.
El mandatario reconoció el problema y anunció medidas para dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo que abastece a la zona metropolitana desde Chapala. El cambio reduciría el volumen disponible y obligaría a establecer tandeos durante al menos seis meses, mientras se avanza en la construcción de un acueducto sustituto..
El problema afecta a una zona metropolitana con más de cinco millones de habitantes. Investigadores y vecinos han señalado que más de 300 colonias han sufrido afectaciones en la calidad del agua durante los episodios recientes. Esa cifra proviene de reportes y recuentos ciudadanos, no de un padrón oficial definitivo de hogares afectados.
También existen diferencias entre las versiones de la población y las autoridades sanitarias.
En julio, funcionarios de Salud de Jalisco y de la autoridad estatal de protección contra riesgos sanitarios afirmaron que los reportes de agua con color, olor o sedimentos se concentraban en unas 200 colonias. En ese momento sostuvieron que no detectaban un aumento atípico de enfermedades gastrointestinales o conjuntivitis asociado al agua.
Este contraste no debe ignorarse.
Los vecinos reportan problemas visibles y algunos atribuyen molestias físicas al agua. Las autoridades sanitarias, por su parte, no habían reconocido un aumento atípico de enfermedades relacionadas con el suministro. Para establecer riesgos concretos hacen falta resultados públicos de laboratorio, datos epidemiológicos y explicaciones claras sobre los contaminantes detectados.
El Gobierno estatal anunció que trabajará con la Federación para atender el sistema hídrico. No obstante, el acueducto sustituto requerirá tiempo y autorización legislativa. Mientras tanto, las familias tendrán que afrontar posibles cortes programados y comprar agua embotellada cuando no puedan usar la que llega a sus hogares.
El segundo clavito está aquí: el derecho al agua no se cumple solamente con mantener abiertas las tuberías. El suministro debe tener calidad adecuada y las autoridades deben explicar qué contiene, qué riesgos existen y qué soluciones aplicarán.
La protesta ciudadana tampoco debe reducirse a una disputa partidista. Los vecinos necesitan respuestas, análisis accesibles y un calendario de solución que pueda verificarse.
ESTATAL
Rachel pone a Baja California en alerta
Mientras Simón amenaza las costas de Jalisco y Colima, la tormenta tropical Rachel se aproxima al norte de la península de Baja California.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este sábado que Rachel avanzaba hacia el noreste, con vientos sostenidos cercanos a los 105 kilómetros por hora. El pronóstico contemplaba su aproximación a la costa norte de Baja California durante la noche.
En Baja California, Protección Civil estatal advirtió sobre la posibilidad de lluvias en los siete municipios. El pronóstico difundido por el coordinador estatal, Ignacio Lozoya Morales, contempló acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en zonas montañosas, además de chubascos en zonas desérticas. También se advirtió sobre rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
La advertencia es especialmente relevante para Tijuana, donde las lluvias pueden afectar viviendas cercanas a cañones, arroyos y zonas con escurrimientos. El funcionario estatal indicó que ya se habilitaron refugios temporales y pidió reportar emergencias al 911.
El tercer clavito no necesita rodeos: una alerta meteorológica no es momento para buscar culpables en redes sociales ni para minimizar el riesgo. Es momento de atender los avisos oficiales y evitar exponerse.
Pero una vez que pase Rachel, también tocará evaluar la preparación.
¿Se limpiaron los desarenadores y las alcantarillas? ¿Se identificaron las viviendas en mayor riesgo? ¿Cuántas familias necesitaron refugio? ¿Qué daños se registraron y cuánto costará repararlos?
Esas preguntas ayudan a medir si la prevención funcionó.
La respuesta no dependerá únicamente de la intensidad de la tormenta. También dependerá de la infraestructura, la limpieza de los cauces, los avisos oportunos y la capacidad de las autoridades para auxiliar a la población.
Congreso rechaza las cuentas públicas de Tecate y San Quintín
El capítulo de rendición de cuentas también tuvo movimiento en Baja California.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso estatal votó en contra de aprobar las cuentas públicas de 2024 de los ayuntamientos de Tecate, encabezado por Román Cota Muñoz, y San Quintín, presidido por Miriam Cano Núñez.
La sesión se realizó el viernes 9 de octubre. De acuerdo con el reporte de Punto Norte, los dictámenes serán sometidos a votación del pleno del Congreso, por lo que la decisión final de la Legislatura todavía está pendiente.
Este detalle importa: una comisión legislativa puede dictaminar que una cuenta no debe aprobarse, pero eso no equivale a una sentencia penal ni demuestra por sí mismo que una persona cometió un delito.
Durante la revisión, la diputada panista Yolanda Gaona señaló que el gobierno de San Quintín adjudicó directamente 28 millones de pesos en maquinaria y camiones sin contar, según su intervención, con dictámenes obligatorios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
También cuestionó gastos por 13.8 millones de pesos en suministros y servicios generales sin documentación que permitiera acreditar su destino. A esto agregó un rezago de 208 millones de pesos en el cobro del impuesto predial.
La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Ivette Escamilla, defendió la postura del gobierno municipal y afirmó que su administración acudió a explicar el uso de los recursos. La diputada de Morena Dunnia Montserrat Murillo reconoció avances en la atención de algunas observaciones, pero consideró que las respuestas del gobierno municipal fueron poco claras.
Hay un dato que debe quedar sobre la mesa: la cuenta de San Quintín comprende dos etapas de gobierno. De enero a septiembre de 2024, el municipio estuvo a cargo del Concejo Municipal Fundacional. Miriam Cano asumió como alcaldesa en octubre.
Por lo tanto, cualquier observación debe atribuirse al periodo y a la operación que corresponda, sin adjudicar automáticamente todos los gastos o decisiones a la actual alcaldesa.
En el caso de Tecate, Gaona señaló la venta de un terreno por nueve millones de pesos sin un avalúo ni un dictamen técnico que justificara la operación.
También cuestionó la falta de comprobantes fiscales por ingresos de 24 millones 560 mil pesos y un rezago de 121 millones de pesos en el cobro del predial.
La fiscalización también cubre un cambio de administración. De enero a septiembre de 2024, el gobierno municipal estuvo encabezado por Darío Benítez. Román Cota asumió en octubre, de modo que su gestión abarcó los últimos tres meses del ejercicio revisado.
Esto no elimina la responsabilidad que corresponda a cada gobierno por los actos que realizó. Pero sí obliga a distinguir periodos, responsables y documentos antes de emitir conclusiones.
El siguiente paso debe ser revisar los dictámenes completos, conocer las respuestas de los municipios y dar seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Si se detectaron posibles responsabilidades administrativas o daños al erario, corresponde a las instancias competentes investigar y resolver.
La rendición de cuentas pierde fuerza si se limita a anunciar qué gobierno fue reprobado. Lo importante es saber qué pasó con cada observación, si se corrigió y si se recuperaron los recursos cuando proceda.
Los cuatro temas tienen una pregunta en común: ¿qué tan preparadas están las instituciones para responder cuando la población necesita resultados?
Ante un huracán, la respuesta debe proteger vidas y reducir daños. Ante el agua de mala calidad, debe garantizar información verificable y suministro seguro. Ante una cuenta pública con observaciones, debe aclarar el destino de los recursos y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Los discursos y los comunicados son parte de la información pública, pero no bastan para cerrar los casos.
Rachel todavía representa un riesgo que exige prevención. Jalisco necesita resolver una crisis hídrica que ha provocado reclamos y protestas. Tecate y San Quintín tienen que responder a los señalamientos de fiscalización y esperar la resolución del pleno legislativo.
La ciudadanía no necesita únicamente que las autoridades anuncien acciones: necesita saber qué hicieron, cuánto costó, qué resultados obtuvieron y quién responderá cuando algo salga mal.
Ese es el clavito que vale la pena seguir.