Hay semanas en las que la política mexicana parece querer resolverlo todo con palabras: un libro que reivindica un proyecto político, un decreto para enfrentar la violencia digital, una operación para cerrar heridas partidistas y una megaobra que promete darle mayor seguridad hídrica a Baja California.
Pero entre el discurso y los resultados existe una palabra incómoda, aunque necesaria: evaluación. Y esa, precisamente, debería ser una constante cuando hablamos del poder público.
Nacional
AMLO, Pueblo y el mensaje detrás del libro
Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para presentar Pueblo, obra que dedicó a Claudia Sheinbaum. En su mensaje, el expresidente expresó un reconocimiento particularmente amplio hacia su sucesora, a quien presentó como un motivo de orgullo y como continuadora del proyecto de transformación que ambos identifican.
Claudia Sheinbaum, por su parte, agradeció las palabras de López Obrador y señaló que escribir y reflexionar también constituye una forma de hacer política.
Aquí hay un asunto interesante.
La presentación de un libro puede ser un ejercicio intelectual, histórico o personal, pero cuando quien escribe es un expresidente que continúa siendo una figura central dentro de la vida política mexicana, resulta inevitable que sus palabras tengan una dimensión pública.
Y ahí está la crítica constructiva: el debate no debería concentrarse solamente en si López Obrador regresó o no a la política, sino en qué impacto tienen sus intervenciones en la discusión pública actual.
Él sostiene que está retirado de la vida política activa; al mismo tiempo, su mensaje reivindica su administración, defiende la Cuarta Transformación y dedica buena parte de sus palabras a reconocer a quien hoy ocupa la Presidencia.
Por eso, más que entrar en especulaciones sobre una supuesta influencia, conviene observar los hechos: qué decisiones toma el gobierno de Sheinbaum, cuáles son propias de su administración y cuáles continúan políticas iniciadas en el sexenio anterior.
Eso también es hacer periodismo.
Porque reconocer la continuidad no significa negar las diferencias, así como señalar diferencias no significa desconocer los avances.
combatir la violencia digital sin convertir la prevención en censura
El ataque registrado en una secundaria de Torreón abrió nuevamente una conversación que México lleva años intentando resolver: ¿qué papel juegan las plataformas digitales en la propagación de contenidos relacionados con violencia?
Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un grupo de trabajo integrado por áreas jurídicas, de seguridad, educación, transformación digital e inteligencia, con participación de especialistas, para preparar un decreto que obligue a las plataformas a actuar frente a contenidos que fomenten actos violentos. La propia presidenta planteó que la intención es prevenir estos fenómenos sin caer en la censura.
Y aquí hay que ser muy claros: la preocupación es legítima; la solución necesita reglas igualmente claras.
No basta con decirle a una plataforma que retire contenido. Habrá que definir qué constituye una amenaza, qué es una apología del delito, qué puede considerarse material periodístico, cómo se evitarán eliminaciones arbitrarias y qué mecanismo tendrá una persona para reclamar una decisión.
También habrá que preguntarnos qué tan efectiva puede ser una estrategia concentrada en redes sociales cuando fenómenos de violencia escolar tienen componentes familiares, educativos, comunitarios y culturales.
Atacar únicamente el contenido podría ser insuficiente.
Prevenir que ese contenido se convierta en un mecanismo de radicalización, detectar señales de riesgo y fortalecer el entorno escolar son tareas distintas, pero complementarias.
La pregunta importante, entonces, no es solamente “¿hay que bajar contenidos violentos?”, sino “¿cómo hacerlo de manera efectiva, transparente y respetuosa de los derechos?”
Ahí estará la prueba de una política pública seria.
Estatal
la “Operación Cicatriz” y la política de Baja California
Y vámonos a Baja California, porque aquí también hay un tema que merece más análisis que aplausos o descalificaciones.
La llamada “Operación Cicatriz” no es una denominación oficial del Gobierno de Baja California ni de Morena; es el término utilizado en análisis políticos para describir los acercamientos que Julieta Ramírez está realizando con distintos actores después de su designación como coordinadora de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.
El contexto es importante.
Morena designó a Ramírez como coordinadora estatal rumbo al proceso de 2027, pero la decisión generó inconformidades internas. Evangelina Moreno presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuestionando aspectos del procedimiento interno.
Posteriormente, Ramírez comenzó a buscar acercamientos con distintos actores políticos, incluido el Partido del Trabajo, bajo un discurso de unidad, diálogo y coincidencias.
Y aquí está el punto que vale la pena señalar: una organización política que pretende llegar cohesionada a una elección necesita capacidad para dialogar con quienes no ganaron un proceso interno.
Eso no significa desaparecer las diferencias ni pedir que todos piensen igual.
Significa que los conflictos internos deben resolverse por las vías institucionales y políticas correspondientes, sin convertir cada desacuerdo en una guerra permanente.
Pero también hay una condición indispensable: la unidad no puede reducirse a una fotografía.
Si realmente existe una “Operación Cicatriz”, su éxito tendría que medirse en hechos: respeto a los procedimientos, transparencia en los acuerdos, inclusión de las distintas corrientes y capacidad para construir una agenda pública que vaya más allá de quién ocupará una candidatura.
Porque cerrar una herida políticamente no significa esconderla debajo de la alfombra.
Significa atenderla.
La desaladora: una promesa enorme que necesita vigilancia todavía más grande
Finalmente llegamos a una de las noticias más importantes para Baja California: el inicio de la construcción de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito.
El Gobierno de México informó que tendrá capacidad para procesar alrededor de 2 mil 200 litros de agua por segundo y que busca incrementar la disponibilidad de agua para Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. El proyecto fue incorporado al Plan Nacional Hídrico.
La administración estatal ha presentado la obra como la más grande de Latinoamérica.
Y aquí conviene poner un poco de contexto.
La desaladora no apareció de la nada. El proyecto tiene antecedentes desde administraciones anteriores, incluyendo una primera piedra colocada en 2018, y posteriormente pasó por cancelaciones, conflictos legales y nuevos procesos de contratación.
Actualmente, el proyecto se encuentra en ejecución y el registro de Proyectos México señala como contratista a Cox Energy y Cox Water, con una primera etapa de 2 mil 200 litros por segundo y una fecha contractual de terminación para agosto de 2029.
Y aquí sí hay que decir algo que quizá no genere tantos aplausos, pero sí genera ciudadanía:
una megaobra no se convierte en éxito el día que se coloca la primera piedra.
El verdadero examen comenzará cuando haya agua producida, transportada y entregada de manera confiable.
Habrá que revisar costos, cumplimiento de calendarios, calidad del agua, consumo energético, mantenimiento, disposición de salmuera, impacto ambiental, obras de conducción y, sobre todo, que la población pueda conocer con claridad cuánto cuesta y cuáles serán sus beneficios.
El proyecto tiene una dimensión estratégica porque Baja California mantiene una fuerte dependencia de fuentes externas, particularmente del Río Colorado. Por eso precisamente merece vigilancia pública permanente.
No se trata de estar a favor o en contra de una desaladora, se trata de conseguir que cada peso invertido produzca el resultado prometido.
Y así llegamos al punto. Tenemos a un expresidente defendiendo un legado y reconociendo a su sucesora; a una presidenta buscando responder a una tragedia escolar mediante regulación de plataformas; a Morena intentando cerrar diferencias internas en Baja California; y a un gobierno estatal y federal colocando la primera piedra de una obra hídrica largamente esperada.
Son cuatro historias distintas, pero tienen algo en común:
todas necesitan pasar del discurso a la comprobación.
Un libro puede defender un legado, pero la historia será la que termine evaluándolo.
Un decreto puede anunciarse con la intención de prevenir violencia, pero serán sus resultados y sus garantías las que determinen su alcance.
Una operación política puede hablar de unidad, pero serán los acuerdos y el respeto a las instituciones los que demostrarán si realmente hubo cicatrización.
Y una desaladora puede ser presentada como histórica, pero serán los litros de agua entregados, los costos, la transparencia y su funcionamiento durante los próximos años los que dirán qué tan histórica terminó siendo.
Porque criticar al poder no significa negar lo que hace bien.
Y reconocer una obra o una decisión tampoco obliga a dejar de hacer preguntas.
Eso, queridos lectores, también es democracia: que ninguna administración, partido o personaje público esté por encima de la pregunta incómoda.