TIJUANA, B.C. A 29 DE SEPTIEMBRE, 2026.- El Gobierno de Baja California informó que 11 mil 281 niñas, niños y adolescentes han recibido atención mediante el Círculo de Protección, una ruta dirigida principalmente a menores que llegan a la frontera sin compañía de un adulto responsable.
La administración estatal señaló que 8 mil 685 casos tuvieron una reintegración inmediata desde los espacios de protección. La cifra representa cerca del 77% del total reportado. El comunicado no precisa el periodo exacto de medición ni desglosa los casos por municipio, edad, nacionalidad o tipo de atención.
¿Cómo funciona el Círculo de Protección?
El modelo coordina al DIF Baja California, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de Migración, autoridades consulares y UNICEF, entre otras instituciones.
UNICEF explica que el proceso inicia con la identificación del menor. Después se realiza una valoración para conocer sus necesidades y posibles riesgos. Cuando no existe una reunificación inmediata, el menor puede ingresar al Centro de Primera Acogida Jasson y Alexander, en Tijuana.
Ese centro puede recibir a niñas, niños y adolescentes durante un periodo de hasta 45 días, mientras las autoridades trabajan en un plan para restituir derechos y definir una alternativa de cuidado. Después pueden intervenir familias de acogida, centros de segunda acogida o programas para la transición a la vida independiente.
El modelo no se limita a la repatriación. También contempla casos de menores en tránsito por México y situaciones que requieren protección especial.
El dato de 8 mil 685 requiere una precisión
El Gobierno estatal reporta que 8 mil 685 menores pudieron regresar de forma inmediata desde los espacios de protección.
Esto significa que 2 mil 596 casos no tuvieron una reintegración inmediata desde esos puntos.
Sin embargo, ese dato no permite afirmar que esos 2 mil 596 menores hayan quedado sin atención o sin una alternativa familiar. El Círculo contempla otras rutas de protección cuando la reunificación inmediata no es posible.
Tampoco se informa cuántos de esos casos terminaron posteriormente en una reunificación familiar, acogimiento temporal, protección internacional, permanencia en un centro asistencial u otra solución.
Ese desglose sería relevante para evaluar el resultado completo de la estrategia.
Transparencia muestra que el modelo tiene varios años
El Círculo de Protección no comenzó con las cifras anunciadas este septiembre.
El Gobierno estatal reportó que el Centro Jasson y Alexander inició operaciones en junio de 2024. Para ese proyecto se informó una inversión de 26.19 millones de pesos y una población beneficiaria estimada en 900 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados al año.
Esta cifra de 900 corresponde al objetivo anual del centro. No debe compararse directamente con los 11 mil 281 casos actuales, porque el nuevo dato corresponde a todo el Círculo de Protección y el comunicado no señala su periodo acumulado.
La diferencia también muestra la necesidad de publicar información más detallada sobre la capacidad y carga de trabajo de cada espacio.
Hay inversión federal, pero también obligaciones de seguimiento
La atención a menores en movilidad cuenta con recursos y mecanismos de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
Un convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2026 destinó 8 millones de pesos del Sistema Nacional DIF al proyecto para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados en el Albergue Peregrino de Mexicali. El convenio exige informes trimestrales sobre avances físicos, metas y recursos financieros.
El mismo acuerdo obliga al DIF estatal a comprobar el gasto y entregar documentación sobre el uso de los recursos. También contempla visitas de monitoreo y la presentación de informes de avance.
En julio de 2026 también se publicó un convenio federal para fortalecer la atención de menores acompañados en el Santuario Migrante de Tijuana.
Esto permite identificar una fuente de financiamiento y mecanismos formales de seguimiento. No obstante, los recursos de esos convenios corresponden a proyectos específicos y no representan por sí solos el costo total del Círculo de Protección.
La capacidad institucional también importa
La atención depende de personal especializado.
Un documento administrativo del DIF estatal registra 44 plazas en la Subprocuraduría de Protección de Tijuana, 26 en Mexicali y cinco en Playas de Rosarito, además de personal de la estructura estatal.
La cantidad de personal no permite medir por sí misma la calidad del servicio. Sí ayuda a dimensionar la capacidad institucional con la que se atienden los casos.
UNICEF ha señalado a nivel nacional que las Procuradurías de Protección enfrentan brechas presupuestarias y operativas importantes. El organismo considera necesario fortalecer personal, presupuesto, coordinación y sistemas de información para garantizar la restitución efectiva de derechos.
Esta observación es nacional. No significa que Baja California tenga exactamente esa misma brecha.
UNICEF reconoce el modelo, pero no es una auditoría
UNICEF describe al Círculo de Protección de Baja California como un modelo integral y colaborativo. También ha trabajado con las autoridades estatales en la aplicación de la Ruta de Protección Integral.
En junio de 2026, autoridades federales e internacionales revisaron en Baja California los protocolos del modelo. La visita incluyó espacios como Jasson y Alexander, Villa Albatros y Santuario Migrante.
Además, el DIF de Jalisco realizó una visita a Tijuana en 2025 para conocer el modelo con la intención de evaluar prácticas que pudieran aplicarse en esa entidad.
Estos hechos muestran reconocimiento y colaboración institucional, pero no equivalen a una auditoría independiente de resultados.
¿Qué dice la opinión pública?
No se localizó una encuesta representativa de Baja California que mida específicamente la opinión de la población sobre el Círculo de Protección.
Por ello, no sería correcto afirmar que existe una aprobación o rechazo mayoritario entre los habitantes del estado.
Lo que sí existe es una valoración favorable de organismos especializados, como UNICEF, y antecedentes de otras instituciones que han acudido a Baja California para conocer el modelo.
La opinión pública sobre la política migratoria en general no puede utilizarse como sustituto de una encuesta específica sobre este programa.
El reto está en conocer qué ocurrió después de la primera atención
Los 11 mil 281 casos atendidos representan un dato de actividad. El siguiente paso es conocer los resultados de cada atención.
Para evaluar la estrategia sería necesario publicar, entre otros datos, cuántos menores fueron reunificados con sus familias, cuántos permanecieron bajo cuidado institucional, cuántos recibieron protección internacional y cuánto tiempo permanecieron en cada espacio.
También sería útil conocer los recursos públicos destinados al programa, el número de servidores que atienden los casos y la capacidad disponible de los centros.
La información pública confirma que existe una estructura institucional y financiera para atender a la niñez en movilidad. También muestra que el modelo cuenta con respaldo y colaboración de UNICEF y otras instituciones. Pero la cantidad de personas atendidas no basta para medir por sí sola la eficacia de una política pública.
