TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.– A partir del 18 de septiembre entró en vigor en Estados Unidos una nueva regulación en materia de carga pública, la cual amplía los criterios y el margen de discrecionalidad que los oficiales migratorios podrán aplicar al evaluar solicitudes de ingreso al país o de ajuste de estatus para la residencia permanente, informó la abogada especialista en Derecho Internacional y Migratorio, Mtra. Josefina Orozco López.
La especialista explicó que las autoridades analizarán de forma integral la situación económica y personal de los solicitantes, considerando aspectos como edad, estado de salud, ingresos, patrimonio, nivel educativo, historial laboral y la recepción de apoyos sociales como Medicaid, SNAP o asistencia de vivienda. No obstante, precisó que haber recibido estos beneficios no genera un rechazo automático de la solicitud, ya que cada expediente debe valorarse de manera individual y bajo las circunstancias específicas del caso.
Orozco López destacó que las ayudas otorgadas a hijos ciudadanos estadounidenses no se computan como utilizadas por los padres, además de señalar exenciones para categorías humanitarias como refugiados, asilados, beneficiarios de visas T y U, o casos bajo la ley VAWA. Asimismo, detalló que los trámites presentados antes del 18 de septiembre se resolverán conforme a los lineamientos previos, mientras que los ingresados a partir de esa fecha quedarán sujetos al nuevo marco de evaluación.
Finalmente, la especialista recomendó a los usuarios no cancelar beneficios asistenciales esenciales por temor ni ocultar información ante las autoridades, haciendo un llamado a fortalecer la documentación probatoria sobre estabilidad laboral, solvencia financiera y cobertura médica mediante asesoría legal especializada antes de iniciar cualquier proceso migratorio.
