- PaVlito ClaVo un Clavito
Entre informes, crisis políticas, pleitos en redes y servicios públicos que no terminan de responder, Baja California y el país atraviesan una etapa en la que el discurso oficial está obligado a encontrarse con la realidad cotidiana. En nuestra columna de PaVlito ClaVo Un ClaVito ponemos sobre la mesa estos asuntos para contrastar declaraciones, información pública y opinión ciudadana. Porque en tiempos de videos virales, discursos políticos y acusaciones cruzadas, la pregunta no debe ser quién grita más fuerte, sino qué pueden demostrar los datos y los hechos.
NACIONAL
El Segundo Informe: avances oficiales y pendientes reales
Claudia Sheinbaum presentó el 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, con un balance centrado en economía, bienestar, seguridad y soberanía. Desde Palacio Nacional, la Presidenta destacó, entre otros indicadores, una recaudación superior en 149 mil millones de pesos respecto al mismo periodo de 2025, una inversión extranjera directa de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026 y una tasa de desempleo de 2.7%.
Pero un informe gubernamental es, por definición, también un ejercicio de rendición de cuentas desde la perspectiva de quien gobierna. Por eso el verdadero contraste comienza después del discurso.
La aprobación presidencial se mantiene elevada, pero no está exenta de desgaste. Una encuesta publicada por El País ubica la aprobación de Sheinbaum en 69%, diez puntos menos que un año antes. Al mismo tiempo, la inseguridad continúa apareciendo como una de las principales preocupaciones de la población.
Aquí hay un punto importante: una cosa es que existan indicadores positivos y otra que todos los mexicanos perciban una mejoría en su vida cotidiana. El reto del tercer año no será solamente comunicar resultados, sino demostrar que esos resultados son sostenibles, verificables y perceptibles fuera de los números oficiales.
El informe ya está entregado al Congreso para su análisis. Ahora corresponderá al Poder Legislativo revisar las cifras y a la sociedad contrastarlas con los indicadores públicos, auditorías, presupuesto ejercido y resultados concretos.
Sinaloa: una crisis política que ya tiene consecuencias institucionales
En Sinaloa ocurrió algo que difícilmente puede considerarse un episodio menor. Rubén Rocha Moya solicitó una nueva licencia indefinida después de haberse reincorporado al cargo el 21 de agosto, tras permanecer separado desde mayo. El Congreso estatal aprobó la licencia el 23 de agosto y posteriormente designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
El dato político más importante quizá no sea solamente la salida de Rocha, sino lo que deja detrás: una administración marcada por la violencia, una crisis de confianza y un gobierno estatal que ahora busca presentarse como una nueva etapa.
También existen datos que alimentan el debate. El Universal reportó que durante los dos meses de ausencia de Rocha los homicidios registrados en mayo y junio fueron menores respecto de los mismos meses de 2025. Sin embargo, atribuir esa reducción exclusivamente a la ausencia del gobernador sería una conclusión que las propias cifras no permiten establecer.
La opinión pública sí parece haber tomado una postura más clara. Una encuesta de La Crónica de Hoy reportó 72% de desaprobación a la gestión de Rocha Moya y sólo 20% de aprobación. Al mismo tiempo, Morena conservaba ventaja en preferencias electorales en el estado.
Ahí está uno de los contrastes más interesantes de Sinaloa: puede existir desgaste de un gobernante sin que necesariamente exista un desplome del partido que lo llevó al poder.
ESTATAL
Patrulla Espiritual vs. Tijuana Decide: la verdad no se decide en Facebook
En Baja California tenemos ahora otro conflicto que ha escalado de las redes sociales a las autoridades: la confrontación entre integrantes de la llamada Patrulla Espiritual y colaboradores de Tijuana Decide.
Aquí hay que separar cuidadosamente los hechos confirmados de las versiones de cada lado.
Diversos medios reportaron un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de instalaciones policiales en Playas de Rosarito, así como la agresión denunciada contra un periodista. Uno de los reportes señala que el comunicador Sergio Alberto Madero aseguró haber sido atacado por varias personas vinculadas con la Patrulla Espiritual.
Por otra parte, integrantes de Patrulla Espiritual han acusado a un colaborador de Tijuana Decide de seguir y grabar a una integrante del grupo y a su hija menor. También anunciaron la presentación de una denuncia.
Entonces, ¿quién tiene la verdad?
Todavía no corresponde decir que uno de los dos tiene la verdad absoluta. Lo que sí puede afirmarse es que existen versiones encontradas, señalamientos cruzados y un conflicto que ya alcanzó una dimensión legal.
Hay además un dato mucho más serio que las discusiones entre páginas: la muerte de un joven de 28 años en un centro de rehabilitación identificado como Jireh. Medios locales reportaron que el Servicio Médico Forense estableció asfixia y múltiples lesiones, mientras que la Fiscalía mantiene abierta una investigación. La CEDHBC también abrió un expediente relacionado con el caso.
Eso obliga a que el debate deje de ser únicamente “Patrulla Espiritual contra Tijuana Decide”. La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿qué autoridades supervisan estos centros, bajo qué reglas operan y qué mecanismos existen para proteger a las personas internadas?
Y aquí un detalle fundamental: una investigación no equivale a una sentencia. Los responsables deberán determinarse mediante las autoridades competentes y con respeto al debido proceso.
CFE: los “recibos locos” ya llegaron a la mesa política
Marina del Pilar anunció que se reunirá la próxima semana con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, para revisar cortes de energía, postes caídos y los llamados “recibos locos”. La gobernadora señaló que incluso hizo llegar reportes periodísticos y testimonios ciudadanos a la funcionaria federal.
La reunión puede ser relevante porque el problema ya no parece limitarse a quejas aisladas.
Durante 2025, Baja California registró alrededor de 700 apagones, de acuerdo con información citada de la Comisión Estatal de Energía. De ellos, unos 400 ocurrieron en Mexicali. El mismo reporte señaló que Tijuana habría registrado incluso más interrupciones que la capital del estado.
Además, existe un programa anunciado para sustituir alrededor de 4 mil postes en Baja California. El avance, según la información difundida, depende en buena medida de los reportes de los usuarios.
Y mientras las autoridades hablan de infraestructura, los ciudadanos hablan de consecuencias. En Mexicali, familias han denunciado cobros de hasta 17 mil pesos, daños en electrodomésticos y apagones recurrentes. Se trata de testimonios y denuncias ciudadanas, no de una cifra oficial que permita afirmar que todos los usuarios están enfrentando ese nivel de cobro.
El propio portal de la CFE mantiene mecanismos para aclarar recibos y reportar problemas mediante el 071 y sus canales de atención.
Entre un informe presidencial, una crisis política y dos conflictos estatales queda una conclusión incómoda: los gobiernos pueden presentar cifras, las redes pueden presentar videos y los políticos pueden presentar discursos, pero ninguno sustituye la evidencia.
EXTRA: Andy López Beltrán y la sombra del huachicol fiscal
La polémica alrededor de Andrés Manuel López Beltrán volvió a crecer después de que se difundieran investigaciones periodísticas sobre reuniones con empresarios y sobre una empresa vinculada con personas de su entorno.
EL UNIVERSAL documentó que JDBL y Compañía, constituida en 2020, tiene entre sus socios a Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo, y que ambos empresarios estuvieron en una reunión privada con Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo. La información pública disponible no demuestra, por sí misma, que aquella reunión haya tenido como objetivo cerrar negocios relacionados con combustible, puertos o aduanas.
La discusión se vuelve más seria porque el encuentro se desarrolla mientras existen investigaciones sobre una presunta red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 2 de septiembre que el tema se investiga tanto administrativa como penalmente y que la Fiscalía deberá informar sobre la investigación relacionada con el contrabando de combustible. También señaló que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción cuentan con información.
El dato importante es precisamente ese: investigación no significa culpabilidad.
Andy López Beltrán ha rechazado públicamente estar relacionado con actividades delictivas.
Por ello, las relaciones empresariales, fotografías o reuniones privadas pueden generar preguntas legítimas. Pero para convertirlas en una acusación formal se requieren documentos, operaciones financieras, contratos, testimonios y pruebas verificables.
Un clavito para cerrar
Los cinco asuntos tienen algo en común.
Sheinbaum puede presumir resultados y la oposición puede cuestionarlos. Ambas posiciones forman parte del debate público. Rocha puede enfrentar señalamientos y conservar su presunción de inocencia. Patrulla Espiritual y Tijuana Decide pueden acusarse mutuamente, pero será la evidencia la que determine responsabilidades. Y el caso de Andy López Beltrán puede generar preguntas sobre sus relaciones empresariales sin que esas relaciones, por sí mismas, acrediten un delito.
La transparencia sirve precisamente para eso: para que las opiniones puedan contrastarse con documentos.
En tiempos donde un video puede volverse viral en minutos, el verdadero trabajo empieza después de compartirlo.
Un clavito, nada más.
Fuentes y datos por confirmar
La información utilizada se contrastó con Presidencia de la República, Congreso de Sinaloa, encuestas de opinión citadas por medios nacionales y reportes periodísticos sobre los casos de Baja California.
Quedan pendientes de conocer, para una evaluación más completa, los resultados presupuestarios auditados del Segundo Informe, avances posteriores de las investigaciones sobre Rocha Moya y Andy López Beltrán, documentos oficiales de las denuncias relacionadas con Patrulla Espiritual y Tijuana Decide, así como datos técnicos de CFE sobre postes sustituidos, interrupciones del servicio y reclamaciones por facturación.
Fuentes: Presidencia de México; Congreso del Estado de Sinaloa; CFE; Enkoll; El País; El Universal; El Imparcial; UnoTV; Grupo Animal y medios locales de Baja California.