La política mexicana dejó esta semana cuatro imágenes difíciles de ignorar. Rubén Rocha Moya volvió a separarse de la gubernatura de Sinaloa y el Congreso designó a Graciela Domínguez como interina. Claudia Sheinbaum se reunió con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Baja California, una alerta de seguridad de Estados Unidos colocó a Mexicali bajo atención internacional. Y el Congreso local aprobó que la propaganda electoral vuelva a colocarse en espacios públicos y privados.
Los hechos son distintos, pero tienen un punto en común: la distancia entre lo que las instituciones anuncian y lo que la sociedad considera suficiente.
NACIONAL
Rocha Moya: un regreso que duró menos de 48 horas
Rubén Rocha Moya anunció el 21 de agosto que retomaba la gubernatura de Sinaloa, después de haberse separado del cargo desde mayo. Al día siguiente volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido, y el Congreso estatal aprobó la petición el 23 de agosto.
La secuencia terminó el 25 de agosto con el nombramiento de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. El Congreso de Sinaloa informó que ejercerá el cargo hasta el final del periodo constitucional, el 31 de octubre de 2027.
El episodio tuvo además un componente político poco común. Reuters reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el regreso de Rocha y lo calificó como una decisión que no correspondía con la responsabilidad del cargo. Rocha, por su parte, había defendido su regreso y negado las acusaciones que pesan sobre él en Estados Unidos.
Aquí aparece un contraste importante.
El Gobierno federal sostiene que no existen elementos suficientes para que Rocha sea detenido con fines de extradición, mientras que en Estados Unidos enfrenta acusaciones que él rechaza. Una acusación extranjera no equivale a una sentencia, pero tampoco desaparece porque un político regrese temporalmente a su oficina.
La nueva gobernadora interina llega, además, en un estado con problemas económicos y de seguridad. El País reportó que la economía de Sinaloa cayó 4.5% en el primer trimestre de 2026, mientras que empresarios han señalado el impacto de la violencia en la actividad productiva.
Graciela Domínguez ha colocado precisamente la seguridad, la recuperación económica y la reconstrucción de la confianza entre sus prioridades.
El dato político está claro: Sinaloa cambió de titular del Ejecutivo sin cambiar todavía el problema de fondo.
Ayotzinapa: avances que no responden la pregunta principal
Este jueves, Claudia Sheinbaum recibió nuevamente a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La reunión ocurrió a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición ocurrida en Iguala. Las familias llegaron con cuatro demandas relacionadas con las investigaciones, el paradero de los jóvenes, las detenciones recientes y el acceso a información.
Después del encuentro hubo una señal positiva, pero también una advertencia.
Los familiares reconocieron avances en algunas líneas de investigación, principalmente en el análisis de telefonía celular. La Jornada reportó que las nuevas investigaciones permitieron identificar a 10 personas que no habían sido vinculadas previamente y que realizaron llamadas relacionadas con la desaparición.
Pero los propios familiares consideraron que esos avances todavía son insuficientes para conocer el paradero de los estudiantes.
Antes de entrar a Palacio Nacional, Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas, expresó una de las posiciones más contundentes del encuentro: dijo que no existe confianza en la palabra presidencial y que las familias seguirán apostando por los elementos legales para exigir verdad y justicia.
Ese testimonio importa porque muestra que la relación entre el Gobierno federal y las familias no puede medirse únicamente por el número de reuniones.
Sheinbaum anunció que se buscará informar públicamente sobre nuevas líneas de investigación antes del 26 de septiembre.
El verdadero indicador será otro: si esas nuevas líneas producen localizaciones, pruebas sólidas, responsables identificados y sentencias.
Después de casi 12 años, los familiares ya no están pidiendo únicamente avances. Están pidiendo resultados.
ESTATAL
Mexicali: una alerta que Estados Unidos sí hizo pública
En Baja California, la situación fue diferente. El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana suspendió el 25 de agosto sus actividades y los viajes de su personal a Mexicali debido a información sobre una posible amenaza. La alerta no explicó públicamente su origen ni su naturaleza.
El Gobierno mexicano respondió con un mensaje distinto.
El Gabinete de Seguridad informó que no había identificado elementos que confirmaran un riesgo específico o inminente para la población, aunque reforzó patrullajes y vigilancia en puntos estratégicos.
Horas después, autoridades mexicanas reconocieron que analizaban información relacionada con personas, vehículos y una organización criminal a la que se atribuía la amenaza.
Ahí aparece otro contraste.
Si no había un riesgo confirmado, ¿por qué Estados Unidos suspendió actividades? Y si existía suficiente información para generar una alerta diplomática, ¿qué elementos concretos estaban revisando las autoridades mexicanas?
Hasta ahora, las respuestas públicas no resuelven completamente esas preguntas.
La situación tampoco surgió en el vacío. Días antes, autoridades federales aseguraron en Mexicali 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, en un operativo que vinculó el inmueble con el grupo conocido como “Los Rusos”. La operación se realizó con intercambio de información con la DEA, según las autoridades.
La ciudad permaneció en calma pese a la alerta, según reportes de AP.
Ese detalle también importa: una alerta de seguridad no equivale automáticamente a una ciudad en crisis.
Pero tampoco debería minimizarse. La decisión estadounidense fue lo suficientemente seria para modificar actividades oficiales y emitir recomendaciones a sus ciudadanos.
Propaganda electoral: vuelve una vieja discusión a las calles
El Congreso de Baja California aprobó el 27 de agosto una reforma electoral que permite nuevamente la colocación de propaganda política en lugares públicos y privados, con restricciones relacionadas con equipamiento urbano. La votación fue de 17 votos a favor y seis en contra.
La medida revive una discusión que ya había ocurrido en Baja California.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla, la instalación de propaganda electoral en determinados espacios fue restringida con el argumento de evitar la llamada “basura electoral”.
Ahora el Congreso optó por otro modelo.
La nueva regla no significa que los partidos puedan colocar publicidad sin límites. La Ley Electoral establece restricciones para no utilizar elementos del equipamiento urbano ni obstruir señales que permitan a las personas orientarse y transitar. También contempla la colocación en inmuebles privados cuando exista autorización.
Entonces, la discusión no es simplemente “propaganda sí o propaganda no”.
La pregunta real es qué modelo de campaña tendrá Baja California rumbo a 2027.
Quienes respaldan la reforma pueden argumentar que devuelve a partidos y candidatos un mecanismo tradicional de comunicación con el electorado. Quienes la critican pueden sostener que volverán los espectaculares, lonas, pendones y anuncios que saturaban calles durante los procesos electorales.
El riesgo, como en otros temas, está en la aplicación desigual.
No bastará con tener una regla escrita. Habrá que ver si el IEEBC y los ayuntamientos aplican las mismas condiciones a Morena, PAN, PRI, MC, PT y a cualquier otro partido o candidatura.
Y existe un detalle adicional: la reforma ocurre a menos de un año de que aumente la actividad política rumbo a 2027. El momento en que se aprueba no puede ignorarse, aunque por sí mismo tampoco demuestra una intención electoral específica.
Cuando la política vuelve a ocupar el espacio público
En Sinaloa, el cambio de gobernador mostró los límites de una decisión personal cuando el costo político se vuelve demasiado alto. En Ayotzinapa, las familias reconocieron avances, pero dejaron claro que no consideran cerrado el expediente. En Mexicali, la diferencia entre la alerta estadounidense y la evaluación mexicana mostró que dos gobiernos pueden valorar un mismo riesgo de manera distinta.
Y en Baja California, el Congreso acaba de autorizar que la política vuelva físicamente a las calles. El espacio público es precisamente donde todas estas discusiones terminan encontrándose: las calles donde una familia pide seguridad, las plazas donde marchan los padres de los 43, los edificios públicos que fueron objeto de vigilancia en Mexicali y ahora las calles donde volverán a aparecer rostros y nombres de candidatos.
El ClaVito
Hay una frase que resume mejor esta semana que cualquier consigna:
«las instituciones pueden anunciar avances, pero la sociedad decide cuándo esos avances son suficientes.«
Rocha volvió y tuvo que volver a pedir licencia, Graciela Domínguez asumió el gobierno y recibió un estado que necesita recuperar seguridad y confianza.
Los padres de Ayotzinapa escucharon nuevas líneas de investigación, pero salieron diciendo que todavía no saben dónde están sus hijos.
Mexicali recibió una alerta extranjera que el Gobierno mexicano no acompañó con la misma evaluación de riesgo.
Y Baja California permitirá nuevamente la propaganda política en las calles, con la promesa de mantener reglas y restricciones.
El ClaVito está ahí: en los próximos meses veremos menos discursos y más pruebas.
La prueba para Sinaloa será recuperar estabilidad.
La de Ayotzinapa, encontrar respuestas.
La de Mexicali, explicar qué provocó la alerta.
Y la de Baja California, demostrar que las nuevas reglas electorales se aplicarán parejo para todos.
Créditos y fuentes de información
Para esta columna se consultaron registros oficiales del Congreso del Estado de Sinaloa, Gobierno de Sinaloa, Congreso de Baja California, Ley Electoral de Baja California e Instituto Nacional Electoral/autoridades electorales, además de información de Reuters, Associated Press, EFE, La Jornada, N+, El Universal, El País y otros medios citados en cada apartado. Los testimonios de familiares de Ayotzinapa se presentan como declaraciones atribuidas a sus protagonistas y no como conclusiones sobre los hechos. Del mismo modo, las acusaciones contra personas investigadas se mantienen bajo presunción de inocencia.