COLUMNA: Pavlito ClaVo un ClaVito
Bienvenidos nuevamente a su espacio de carpintería política de confianza. En esta entrega, el mazo viene cargado de energía —o de la falta de ella—, de tensiones partidistas y de debates urgentes sobre derechos humanos. La agenda nos obliga a golpear tanto en la capital del país como en nuestra siempre compleja Baja California. Pónganse los lentes de protección, que los chispazos de hoy vienen fuertes.
NACIONALES
«OLINIA» Y EL RETO DEL ENCHUFE
A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un golpe en la mesa de la innovación con la presentación de «Olinia», el proyecto del primer auto 100% eléctrico, de bajo costo y diseño mexicano. En el papel, es un clavo brillante: apostar por la soberanía tecnológica, reducir la dependencia extranjera e involucrar a instituciones como el IPN y el TecNM es una jugada que fortalece la narrativa del desarrollo sustentable del gobierno federal. Sin embargo, en el escrutinio público, el mazo encuentra resistencia. La pregunta que inunda las redes y las mesas de análisis no es sobre el diseño del auto, sino sobre la infraestructura. Promover la electromovilidad masiva requiere una red eléctrica robusta, estaciones de carga y tarifas accesibles. El «Olinia» es una excelente promesa de futuro, pero se enfrentará al duro muro del presente energético nacional. No se puede clavar un auto eléctrico en un país donde los enchufes, a veces, simplemente no dan corriente.
MORENA Y LA CACERÍA CONTRA MARU CAMPOS
Regresando a la arena nacional, la tensión política sube de tono con la intención de Morena de promover un juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Para el partido en el poder, se trata de un acto de rendición de cuentas y justicia. Para la oposición y gran parte de la opinión pública, este movimiento huele a revancha política y a una estrategia para desestabilizar uno de los pocos bastiones que no controla la autodenominada Cuarta Transformación. En política, el uso de las herramientas jurídicas para acorralar adversarios es un mazo pesado que polariza aún más el ambiente. El riesgo para el oficialismo es que este clavo se doble: si el juicio político se percibe como una simple cacería de brujas, podría terminar victimizando a la gobernadora y fortaleciendo a la oposición en el norte del país.
ESTATALES
MARINA Y LA CRISIS DE LOS APAGONES
Y hablando de corriente, el martillo cae con fuerza en Baja California. Nuestra gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha tenido que hacer frente a uno de los dolores de cabeza más recurrentes y frustrantes para los bajacalifornianos: los apagones. La falta de suministro eléctrico no solo deja a oscuras a las familias en medio de climas extremos, sino que paraliza la industria y el comercio local. Aunque las explicaciones técnicas suelen recaer en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en los picos de demanda, el costo político se factura en el estado. La ciudadanía, exasperada, exige gestiones contundentes por parte del Ejecutivo Estatal ante la Federación para garantizar el abasto. Este es un clavo oxidado que ninguna administración reciente ha logrado sacar del todo. La crisis eléctrica en BC es el recordatorio perfecto de la paradoja nacional: soñamos con autos eléctricos mientras rezamos para que no se nos apague el refrigerador.
¿LA PATRULLA ESPIRITUAL BAJO LA LUPA?
Finalmente, aterrizamos en Tijuana con un tema sumamente delicado que ha sacudido a la sociedad civil. Las autoridades han abierto una investigación formal contra el grupo conocido como «Patrulla Espiritual», tras el polémico caso que involucra a una mujer trans. Este es un clavo que exige la máxima precisión jurídica e imparcialidad. Por un lado, operan centros y grupos de rehabilitación no regulados que, bajo la bandera de «rescatar» personas de las calles, a menudo cruzan la línea de los derechos humanos. Por otro, está la vulnerabilidad histórica de la comunidad trans. La intervención de la Fiscalía para investigar si hubo privación ilegal de la libertad o actos de discriminación es un paso fundamental. El Estado no puede permitir que la justicia o la salud pública se administren de forma paralela o forzada. La opinión pública estará vigilando que esta investigación fije un precedente claro sobre los límites de estas agrupaciones.
