MEXICALI, B.C. A 06 DE MAYO DEL 2026. — Con el objetivo de frenar el uso indebido de equipamiento oficial y restaurar la confianza ciudadana, el Congreso de Baja California emitió un exhorto dirigido a la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y prevenir la posible usurpación de funciones policiales en la entidad.
La iniciativa, impulsada por el diputado Fidel Mogollón Pérez, surge ante el incremento de reportes ciudadanos y materiales audiovisuales que documentan la operación de unidades con apariencia oficial cuyos ocupantes carecen de identificación, utilizan vestimenta no reglamentaria o cubren sus rostros para ocultar su identidad.
El planteamiento legislativo subraya que la seguridad pública debe ejercerse bajo estrictos principios de legalidad y profesionalismo. Según el documento presentado ante el Pleno, la presencia de estos agentes no identificados en fraccionamientos y calles privadas ha generado incertidumbre sobre la legitimidad de sus actuaciones, derivando en detenciones o retenciones de ciudadanos sin un sustento legal claro.
Para el Poder Legislativo, estas conductas no solo vulneran los derechos fundamentales de la población, sino que facilitan la comisión de actos ilícitos bajo el amparo de insignias y patrullas con apariencia oficial. En este sentido, se exhorta a que las dependencias de seguridad y procuración de justicia realicen operativos de verificación y control sobre el uso de uniformes y equipamiento para garantizar que solo personal autorizado ejerza actos de autoridad.
Desde la perspectiva del oficio periodístico, este exhorto atiende una demanda que ha cobrado fuerza en las plataformas digitales de municipios como Tijuana y Rosarito. En meses recientes, los testimonios de automovilistas y residentes sobre supuestos «operativos» realizados por unidades sin balizaje oficial o con personal encubierto han inundado los grupos de denuncia comunitaria, alimentando una percepción de inseguridad institucional.
La resolución del Congreso establece que las autoridades señaladas deberán informar sobre las acciones emprendidas y los resultados de las investigaciones. Con esta medida, el legislativo busca fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que cualquier intervención de seguridad pública sea plenamente identificable y ajustada al marco legal vigente.
