MEXICALI, B.C. A 25 DE ABRIL DEL 2026. — En un paso decisivo que busca terminar con la «lotería geográfica» de la justicia en México, el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 constitucional. Con esta decisión, el estado se suma a la exigencia nacional para que el Congreso de la Unión expida una Ley General en materia de Feminicidio, unificando un criterio que hoy se fragmenta en 32 códigos penales distintos.
La reforma pretende derribar el muro jurídico que permitía a los agresores evadir la justicia saltando fronteras estatales, aprovechando definiciones legales laxas o protocolos de investigación deficientes que varían de una entidad a otra.
Hasta hoy, México ha operado bajo lo que analistas y víctimas denominan un «mosaico de impunidad». Mientras algunos estados han avanzado en tipologías robustas, otros mantienen requisitos que obstaculizan la acreditación del delito.
Con el voto de la legislatura bajacaliforniana, la entidad se alinea con la Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Oaxaca. El objetivo es claro: que el feminicidio sea castigado con el mismo rigor y bajo los mismos estándares desde Tijuana hasta Cancún.
- Puntos clave de la Ley General:
- Investigación obligatoria: Toda muerte violenta de mujer deberá iniciarse con perspectiva de género.
- Protección a víctimas colaterales: Garantías obligatorias para infancias en situación de orfandad.
- Protocolos unificados: Eliminación de los «requisitos absurdos» que actualmente exigen algunos códigos locales para tipificar el crimen.
Como periodista que ha visto pasar décadas de promesas legislativas en esta frontera, es imposible ignorar el sentir ciudadano que inunda las redes sociales y las plazas. Si bien la armonización penal es celebrada como un avance técnico, la exigencia en las calles de Baja California es más cruda:
«De nada sirve que el castigo sea el mismo en todo el país si no hay quien capture a los feminicidas. La ley es el mapa, pero necesitamos policías que caminen la ruta», comentaba una activista durante la reciente movilización en el Centro Cívico de Mexicali.
En plataformas digitales, el debate se centra en la autocrítica legislativa. El reclamo generalizado es contra los estados que aún mantienen la minuta en la «congeladora», escudándose en una soberanía estatal que, a ojos del pueblo, suena a complicidad ante la tragedia.
Baja California, por su condición fronteriza y su complejo historial en violencia de género, se coloca en una posición de liderazgo al ratificar esta reforma. Sin embargo, el análisis crítico dicta que el reto no termina en la Gaceta Oficial.
El sistema penal mexicano se enfrenta ahora a la presión de demostrar que la unificación del tipo penal no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta real para que el Estado deje de ser un espectador. La pregunta que queda en el aire, y que la ciudadanía no deja de formular, es: ¿Cuándo llegará la armonización de la eficacia operativa?
México ya no espera. El derecho a la vida, como bien se discute en los pasillos del poder y en las sobremesas de las familias afectadas, debe ser la única frontera infranqueable.
