MEXICALI, B.C. A 24 DE ABRIL DEL 2026.— En un intento por responder a la crisis hídrica y a los rezagos en garantías individuales que aquejan a Baja California, el diputado local Danny Fidel Mogollón Pérez presentó ante la XXV Legislatura dos iniciativas fundamentales: tipificar y castigar con severidad el robo de agua, y otorgarle facultades legislativas directas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC).
Ambas propuestas, formalizadas el pasado 21 de abril, buscan modificar de raíz tanto el Código Penal como la Constitución del Estado, apuntando a problemáticas que mantienen en constante tensión a la sociedad bajacaliforniana.
La iniciativa que ha acaparado la atención pública es la reforma penal para frenar el saqueo del vital líquido. El legislador propone adicionar el artículo 201 Quáter al Código Penal para el Estado de Baja California, estableciendo castigos contundentes:
- Pena base: De 2 a 6 años de prisión para quien resulte responsable del delito de robo de agua.
- Agravantes: La condena se incrementará en una mitad (tanto en su mínima como en su máxima) si el ilícito se comete mediante tomas clandestinas.
- Impacto social y lucro: El castigo máximo también aplicará si la sustracción pone en riesgo el suministro de un centro de población o si se realiza con fines de enriquecimiento.
Según expuso Mogollón Pérez en el recinto legislativo, esta medida atiende la urgencia de establecer mecanismos punitivos efectivos para proteger un recurso cada vez más escaso en la región.
En un segundo frente, el diputado propuso la adición de la fracción VII al artículo 28 de la Constitución Política del Estado. Esta reforma tiene como objetivo central darle a la CEDHBC la facultad de presentar iniciativas de ley en materia de derechos humanos.
La intención, según el documento legislativo, es aprovechar la experiencia técnica del organismo para crear normas que fomenten una democracia más participativa y protectora, acortando la brecha entre las recomendaciones institucionales y la creación de leyes vinculantes.
Como dicta el periodismo de profundidad, ninguna ley está completa si no se somete al escrutinio de las calles. Tras darse a conocer estas iniciativas, el termómetro social en redes sociales y foros vecinales —especialmente en zonas castigadas por los tandeos como Tijuana y Ensenada— reflejó una mezcla de aprobación y escepticismo crónico.
Por el momento, ambas iniciativas han sido turnadas a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Será en esa mesa donde se analizará su viabilidad, se discutirá su impacto presupuestal y operativo, y se emitirá el dictamen correspondiente que definirá si estas propuestas se convierten en herramientas reales para el estado o si quedarán archivadas en la congeladora legislativa.
