MÉXICO A 27 DE FEBRERO DEL 2026.– Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentra en el centro de un fuerte escándalo político tras amenazar públicamente a un periodista y protagonizar un evento donde exigió la interpretación de un narcocorrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».
La controversia comenzó a raíz de la filtración de un video grabado durante un concierto privado en el rancho del político, ubicado en Tepecuacuilco. En el material audiovisual se observa a Segura insistiendo al grupo musical «Los Alegres del Barranco» para que interpreten un corrido en honor al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de que la agrupación se había negado inicialmente por temor a represalias. Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola difundiera el video, Segura Valladares publicó una segunda grabación en la que emitió insultos y amenazas veladas contra el comunicador, calificándolo de «bandido» e incitando a un trato hostil.
Este reciente incidente ha provocado que salgan a la luz expedientes y señalamientos de extrema gravedad sobre el pasado del excandidato. De acuerdo con información revelada por la organización Defensores MX, Segura Valladares ha sido vinculado con el crimen organizado desde el año 2014. Entre los señalamientos más delicados se encuentra una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acusándolo de haber brindado refugio tanto a víctimas como a responsables materiales.
El historial del empresario incluye también su participación en movilizaciones para exigir la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Además, en 2015 fue detenido y señalado por autoridades como presunto integrante de la célula delictiva «Guerreros Unidos». Los nexos extraoficiales se extienden a otras organizaciones que operan en la región, documentándose fotografías donde aparece junto a operadores detenidos por delincuencia organizada y homicidio, así como la aparición de mantas firmadas por grupos criminales que le exigen el pago de deudas millonarias.
A pesar de que actualmente enfrenta procesos penales vigentes con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en el Estado de México, las dirigencias nacionales y estatales del PT y el PVEM han mantenido un estricto silencio sobre el caso. Diversos expertos y defensores de la libertad de expresión han manifestado su alarma ante la inacción de los partidos políticos y la aparente impunidad con la que opera el político guerrerense, subrayando el grave riesgo que representa la infiltración de estos perfiles en las estructuras de gobierno y el hostigamiento directo contra la prensa.