MEXICALI, B.C. A 26 DE FEBRERO DEL 2026.– Con el objetivo de garantizar la sanidad e inocuidad de la carne destinada al consumo humano, la diputada Maythé Méndez presentó este jueves ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 126 de la Ley de Desarrollo Agropecuario de Baja California. La propuesta busca fortalecer la regulación operativa de los rastros municipales y privados, así como impulsar la obtención de la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en la región.
Durante su exposición, la legisladora explicó que los rastros o salas de matanza operan bajo la vigilancia concurrente de autoridades de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la normatividad local, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado es la dependencia encargada de la inspección directa. A través de su cuerpo de inspectores, la dependencia debe verificar de forma periódica que el sacrificio de animales cumpla rigurosamente con los requisitos de procedencia legal y sanidad correspondientes antes de que el producto llegue a tiendas, supermercados o restaurantes.
Para robustecer estos controles, la iniciativa de reforma plantea que los centros de procesamiento de bienes de origen animal cuenten de manera obligatoria con un médico veterinario oficial o responsable autorizado. La figura de este especialista estará enfocada en garantizar el bienestar animal, mantener una estricta vigilancia epidemiológica y asegurar la implementación de buenas prácticas pecuarias dentro de las instalaciones.
La diputada local detalló que el propósito central de estas modificaciones legales es proporcionar a la población productos cárnicos que reúnan todas las condiciones higiénicas necesarias para su consumo, controlando la introducción de animales mediante autorizaciones legales y asegurando una adecuada comercialización.
Al concluir su presentación, Méndez Vélez enfatizó la necesidad de establecer medidas preventivas en materia de salud pública. La legisladora puntualizó que el trabajo legislativo debe anticiparse a los riesgos sanitarios y poner orden normativo donde se requiere, subrayando que en temas de salud y alimentación de los bajacalifornianos no hay espacio para la improvisación.
