TIJUANA, B.C., A 26 DE ENERO DE 2026.- La violencia armada en el corazón turístico y comercial de Tijuana sumó este lunes una resolución judicial, aunque el proceso tardó más de dos años en concretarse. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Héctor Pérez Padilla y Guadalupe Adilene Vieyra Sánchez fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión por un intento de homicidio perpetrado en septiembre de 2023, dentro de un conocido billar de la Zona Centro.
Los hechos ocurrieron la tarde del 9 de septiembre de aquel año en «Billares La Quinta», ubicado sobre la calle del mismo nombre. Según la carpeta de investigación, la víctima recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en la barra, un ataque directo ejecutado a cinco metros de distancia. Si bien la condena obtenida mediante un procedimiento abreviado garantiza que los agresores permanezcan tras las rejas, el caso pone de relieve la dualidad de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad: una capacidad de reacción tecnológica eficiente, contrastada con una prevención del delito insuficiente.
El punto clave para la resolución de este crimen fue el uso de las cámaras de videovigilancia. Gracias al monitoreo y a los testimonios, las autoridades pudieron rastrear a los atacantes desde la escena del crimen hasta un domicilio en la calle Coahuila, en la Zona Norte, logrando su captura poco después del atentado. Este éxito operativo valida la inversión en tecnología de seguridad (C2/C4), demostrando que cuando hay coordinación, la impunidad se reduce.
Sin embargo, desde una perspectiva crítica, el caso también expone las vulnerabilidades persistentes. Que una pareja pueda transitar armada y disparar dentro de un establecimiento en una de las zonas más vigiladas de Tijuana, a plena luz del día (18:34 horas), evidencia que los filtros de seguridad preventiva siguen siendo permeables. Además, aunque el procedimiento abreviado agilizó la sentencia final dictada este enero de 2026, el lapso de casi 29 meses entre el disparo y la condena refleja la pesada carga burocrática que aún arrastra el sistema judicial, incluso en casos donde la evidencia es contundente.
En conclusión, la sentencia de 13 años para Héctor y Guadalupe es un cierre legal necesario para la víctima y un punto a favor para la Fiscalía. No obstante, para los comerciantes y ciudadanos de la Zona Centro, el hecho de que la justicia llegue después de la bala sigue siendo el recordatorio de una tranquilidad que todavía pende de un hilo.
