MEXICALI, B.C. A 22 DE OCTUBRE DEL 2025.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio inicio a la entrega del segundo cheque bimestral de 2,600 pesos para personas de 60 a 64 años inscritas en el programa Adultos Mayores, una iniciativa impulsada por el gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Bienestar. Este apoyo económico, que abarca los siete municipios de Baja California, busca mejorar la calidad de vida de un sector vulnerable, priorizando a quienes más lo necesitan, según afirmó la mandataria.
“Que nadie se quede fuera de la transformación en Baja California, incluyendo a nuestras adultas y adultos mayores, quienes al ser personas vulnerables, son prioridad para este gobierno”, expresó Ávila Olmeda. Para recibir el beneficio, los inscritos deben acudir a las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en sus respectivos municipios hasta el 24 de octubre, de 8:00 a 15:30 horas, con identificación oficial. La gobernadora señaló que los beneficiarios recibirán una llamada previa con detalles del procedimiento para agilizar la entrega.
Los puntos de distribución incluyen oficinas en Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, Tijuana, San Quintín, Ensenada y Tecate, cubriendo así todo el estado. Este programa, que beneficia a quienes ya recibieron un primer cheque en agosto, reafirma el compromiso del gobierno con la inclusión social de los adultos mayores.
La entrega de apoyos económicos bimestrales a personas de 60 a 64 años es una medida que, en principio, reconoce la vulnerabilidad de los adultos mayores en un contexto de crecientes desigualdades económicas y sociales en Baja California. En una región donde el costo de vida, especialmente en ciudades como Tijuana y Mexicali, puede ser elevado, los 2,600 pesos bimestrales representan un alivio para gastos básicos, como alimentos o medicamentos, para un grupo etario que a menudo enfrenta discriminación laboral y limitaciones de ingresos.
Sin embargo, esta iniciativa también pone de manifiesto las carencias estructurales en la atención a los adultos mayores. El monto del apoyo, aunque útil, resulta insuficiente para cubrir necesidades esenciales en un entorno inflacionario, y no se especifica si el programa contempla ajustes periódicos para mantener su poder adquisitivo. Además, la falta de información sobre el número de beneficiarios, los criterios de selección y el presupuesto total destinado al programa genera interrogantes sobre su alcance y equidad. ¿Cuántas personas están realmente siendo atendidas, y qué tan accesible es el registro para quienes viven en zonas rurales o marginadas, como San Quintín?
Otro aspecto crítico es la logística de entrega. Requerir que los beneficiarios acudan físicamente a las delegaciones, con un horario limitado y en un plazo corto, puede excluir a quienes enfrentan problemas de movilidad, transporte o acceso a información, especialmente en comunidades alejadas.
La dependencia de una llamada telefónica previa para coordinar la entrega, aunque práctica en teoría, podría ser problemática para aquellos sin acceso confiable a un teléfono o en áreas con cobertura limitada.
En un contexto más amplio, la iniciativa refleja un enfoque asistencialista que, aunque valioso, no aborda las causas profundas de la precariedad económica en la tercera edad, como la falta de pensiones dignas, el acceso limitado a servicios de salud especializados o la escasa integración social de este grupo. La “transformación” prometida por el gobierno requiere no solo apoyos económicos temporales, sino políticas integrales que garanticen seguridad social, atención médica de calidad y oportunidades de inclusión para los adultos mayores.
En conclusión, el programa Adultos Mayores es un paso en la dirección correcta, pero su impacto se ve limitado por su escala, falta de transparencia y enfoque asistencialista. Para que las políticas sociales en Baja California verdaderamente transformen la vida de los sectores vulnerables, es imperativo complementar estos apoyos con estrategias estructurales que promuevan la dignidad y el bienestar integral de los adultos mayores, atendiendo no solo sus necesidades económicas, sino también su derecho a una vida plena y participativa.
