MEXICALI, B.C. A 07 DE AGOSTO DEL 2025.- Una serie de escándalos sacude a Baja California, evidenciando una crisis de credibilidad y seguridad institucional que pone en jaque la promesa de transformación del gobierno estatal. Narcomantas, desvíos financieros, títulos falsos y reacomodos políticos revelan un sistema donde la complicidad y la impunidad parecen haberse institucionalizado.
Narcomanta del CJNG señala a funcionarios de la CESPM
El 12 de abril de 2024, una manta presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apareció frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), en Calzada Independencia y Río Mocorito. El mensaje acusaba directamente a Netzahualcóyotl “Netza” Jáuregui Santillán, al director Armando Carrazco López y a Oliver Herrero de “pedir favores al crimen organizado” e incumplir acuerdos.
La manta fue retirada rápidamente por personal de la paraestatal sin intervención del C4 y sin procesarse como evidencia formal, reportándose directamente a la Fiscalía con total hermetismo. La falta de un comunicado oficial y la nula información a la ciudadanía refuerzan la percepción de que el crimen organizado opera con impunidad, enviando mensajes directamente a las puertas del gobierno.
Investigación revela nexos financieros sospechosos
Un investigador de la Mesa Estatal de Seguridad confirmó que existe una investigación abierta sobre posibles vínculos de funcionarios con el crimen organizado. Entre los hallazgos destacan:
- Movimientos financieros irregulares desde cuentas ligadas al entorno familiar del director de la CESPM, Armando Carrazco, cuya esposa reside en San Diego, California.
- Posibles triangulaciones de dinero y nexos indirectos con operadores del CJNG.
- Análisis del círculo cercano de Netzahualcóyotl Jáuregui por presuntas negociaciones políticas a espaldas del gobierno estatal.
Desvíos y acoso en el COBACH
El director general del Colegio de Bachilleres (COBACH), Gerardo Arturo Solís Benavides, enfrenta señalamientos por desvíos financieros en el plantel de Calzada Independencia, Mexicali, y una denuncia formal por acoso laboral. Fuentes internas reportan salidas de capital injustificadas y movimientos opacos en cuentas de servicios escolares. A pesar de las acusaciones, Solís Benavides permanece en su cargo, protegido por el silencio institucional.
Títulos falsos y reacomodos políticos
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció ajustes en su gabinete para cumplir con la Ley de Paridad de Género, pero fuentes señalan que estos cambios encubren un reacomodo político por corrupción y desgaste institucional. Entre los funcionarios en la mira están Carlos Gómez González (FIARUM), Jorge “El Bibi” Gutiérrez Topete (IMOS), Alonso Centeno Hernández (CESPE Ensenada) y Manuel Alejandro Castro Luna (CESPTE Tecate).
Castro Luna, en particular, está envuelto en un escándalo por presentar un título falso de la UABC, cuando en realidad proviene del Centro de Estudios de Puebla, institución señalada por emitir títulos apócrifos. Además, se le acusa de buscar la alcaldía de Tecate —donde no reside— y de aliarse con la diputada Maythe Méndez para atacar al alcalde Román Cota.
Un narcoestado silencioso
Estos escándalos dibujan un panorama alarmante: narcomantas ignoradas, funcionarios protegidos por el silencio oficial, desvíos financieros y credenciales falsas para acceder al poder. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan carencias de agua, seguridad y justicia.
La Cuarta Transformación en Baja California se tambalea ante una crisis de credibilidad sin precedentes. El crimen organizado no solo opera, sino que se burla en público, mientras el silencio institucional se convierte en su mejor aliado. ¿Cuánto vale la verdad en un estado donde la impunidad florece?
La ciudadanía exige respuestas. La investigación sigue en curso, pero la confianza en las instituciones pende de un hilo.
