- El cantante de corridos enfrenta consecuencias legales tras admitir haber realizado conciertos para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
LOS ÁNGELES, CA. A 20 DE MARZO DEL 2025.- Gerardo Ortiz, reconocido cantante de música regional mexicana y exponente de los narcocorridos, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras declararse culpable en una corte federal de Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. Esta legislación, diseñada para sancionar a personas y entidades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, lo vincula directamente con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
El caso salió a la luz durante el juicio contra Ángel del Villar, exrepresentante de Ortiz y director de la disquera Del Records, quien también enfrenta cargos por presuntas transacciones con figuras del narcotráfico. Según la Fiscalía de Estados Unidos, Ortiz admitió haber participado en al menos seis conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, alias «Chucho», un promotor musical sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro por lavar dinero para el CJNG. Algunos reportes sugieren que el número de eventos podría ascender a 19, realizados en estados mexicanos como Aguascalientes, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, a pesar de las advertencias explícitas del FBI y el IRS en 2018.
La declaración de culpabilidad de Ortiz, que había sido mantenida en secreto hasta esta semana, forma parte de su cooperación con las autoridades estadounidenses en la investigación contra Del Villar. Aunque esta colaboración podría mitigar su sentencia, las consecuencias legales aún están por definirse. Bajo la Ley Kingpin, las sanciones civiles pueden alcanzar hasta 1.4 millones de dólares por violación, mientras que las penas penales incluyen multas millonarias y hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Este no es el primer encuentro de Ortiz con la justicia. En 2016, fue investigado por la Fiscalía General de Jalisco por presuntos nexos con el crimen organizado, tras grabar el video de su canción «Fuiste Mía» en una propiedad ligada al CJNG y por el uso indebido de insignias policiacas. Aunque fue liberado bajo fianza, el incidente marcó el inicio de una serie de polémicas que han acompañado su carrera.
El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre la industria musical, particularmente el género de los corridos, y el crimen organizado. Mientras Ortiz enfrenta un futuro incierto, sus seguidores y detractores esperan conocer el alcance total de las repercusiones legales que este escándalo traerá al cantante de 35 años, cuya música ha sido tanto celebrada como criticada por su cercanía a la narcocultura. Hasta el momento, Ortiz no ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto.
