CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE MARZO DEL 2026. — El pleno de la Cámara de Diputados discutió el dictamen de reforma a la Ley de Vivienda, una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que busca establecer el acceso a una vivienda digna como un derecho humano, social y patrimonial en México.
Durante la sesión, la legisladora por Baja California, Eva Moreno, se pronunció a favor del dictamen promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su intervención, la diputada argumentó que la modificación legislativa plantea un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo urbano, buscando transitar de un enfoque comercial hacia uno centrado en el bienestar social.
De acuerdo con lo expuesto en la sesión, la nueva normativa obligará a que los proyectos de vivienda social en el país se apeguen a lineamientos y estándares internacionales. Entre los criterios estipulados en la reforma destacan:
- Asequibilidad: El costo de la vivienda no deberá rebasar el 30% del ingreso de las familias.
- Habitabilidad: Las construcciones tendrán que garantizar protección real frente a riesgos estructurales y climáticos.
- Ubicación estratégica: Los desarrollos habitacionales deberán situarse en zonas cercanas a centros de empleo, servicios de salud, planteles educativos y rutas de transporte público.
- Adecuación cultural: El diseño de las viviendas deberá respetar la identidad y las tradiciones regionales.
Para la implementación de estos lineamientos, la reforma contempla una coordinación obligatoria entre las principales instituciones del sector, tales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el INFONAVIT y el FOVISSSTE, con la encomienda de dar prioridad a los grupos vulnerables.
En el contexto regional, se informó que el Plan Nacional de Vivienda catalogará al estado de Baja California, y específicamente a la ciudad de Tijuana, como zonas prioritarias de atención dentro de la estrategia federal.
Finalmente, la diputada Moreno señaló ante el pleno que, si bien la reforma representa un avance jurídico, la agenda del Poder Legislativo mantendrá pendiente el reto de integrar en futuros proyectos a sectores poblacionales específicos que requieren atención, tales como las personas en situación de desplazamiento interno y los migrantes retornados.
