MEXICALI, B.C. A 25 DE MARZO DEL 2026.— Con el objetivo de analizar propuestas legislativas orientadas a fortalecer las políticas públicas en materia de desaparición forzada, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Baja California llevó a cabo este miércoles 25 de marzo un conversatorio para dialogar sobre reformas constitucionales dirigidas a colectivos y familiares de personas desaparecidas.
El encuentro, encabezado por la diputada presidenta de la comisión, Alejandrina Corral Quintero, sirvió como espacio de discusión directa entre legisladores, autoridades de derechos humanos y agrupaciones de búsqueda de la región.
Durante la sesión se abordaron dos modificaciones legales principales:
- Derecho a ser buscado: Se expuso la iniciativa, previamente aprobada por el Pleno del Congreso, que eleva a rango constitucional el derecho de toda persona a ser buscada. Esta reforma obliga a todas las autoridades a alinear leyes, programas y acciones bajo el principio de la búsqueda efectiva.
- Protección especial del Estado: Se analizó una segunda propuesta, actualmente en estudio en comisiones, que busca otorgar a las personas buscadoras el estatus de sujetos de especial protección. El planteamiento contempla garantizar una atención integral, asegurar la participación efectiva de las familias en los procesos de investigación, facilitar el acceso oportuno a la información y establecer mecanismos institucionales para prevenir la revictimización.
En representación de los familiares, Soraya Anna Villarreal, fundadora de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, señaló la necesidad de aplicar protocolos con estricta perspectiva de derechos humanos y de reconocer a las familias como actores clave en las labores operativas, más allá de su estatus de víctimas.
Entre las principales exigencias presentadas por los colectivos destacan:
- Inclusión de las madres buscadoras en la toma de decisiones institucionales.
- Garantías de protección y seguridad de las autoridades durante los operativos en campo.
- Implementación de programas sociales que brinden atención psicológica adecuada.
- Asignación de presupuestos específicos para la operatividad de las búsquedas, asesoría legal gratuita y financiamiento para las agrupaciones.
Como parte de la conclusión del encuentro, la Comisión aprobó un acuerdo interno para presentar el libro “Yo no nací madre buscadora” al personal del Poder Legislativo, como una medida orientada a sensibilizar a los trabajadores sobre la realidad de las desapariciones en el estado.
El panel contó con la participación de las diputadas Michelle Alejandra Tejeda Medina y Dunnia Montserrat Murillo López, así como del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Álvaro Ochoa Orduño, además de la presencia de madres buscadoras y distintos colectivos locales.
