TIJUANA, B.C. A 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.– La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, encabezada por Teresita Balderas Beltrán, anunció la inhabilitación temporal de cuatro servidores públicos de la actual administración por incumplimiento al Código de Ética, tras dar positivo en pruebas antidoping a sustancias como metanfetaminas, marihuana y anfetaminas. Los sancionados son David Ezequiel Flores Chavarría y Rodolfo Humberto Lozano García (Servicios Públicos, sindicalizados), Enrique Curiel Nava (Oficialía Mayor, sindicalizado) y Nathanael Loya Costa (Servicios Públicos, por honorarios). Balderas enfatizó que se actuó con “debido proceso” y bajo la instrucción del alcalde Ismael Burgueño de “no tolerar ninguna falta”.
Aplicar pruebas antidoping y sancionar consumo de sustancias ilegales en servidores públicos refuerza la narrativa de un gobierno “honesto y transparente”. En un municipio con alta percepción de corrupción (68 %, ENCUP 2025), medidas como esta pueden recuperar confianza ciudadana y enviar el mensaje de que nadie está por encima de la norma.
Solo cuatro casos en una administración de miles de empleados generan sospechas de selectividad. No se informó cuántas pruebas se aplicaron, ni si se realizaron aleatoriamente o por denuncia. Tres de los sancionados pertenecen a Servicios Públicos –área históricamente señalada por irregularidades–, lo que podría interpretarse como castigo focalizado más que política general. Además, la inhabilitación es “temporal” sin especificar duración, lo que deja margen a negociaciones sindicales.
Tijuana vive una crisis de consumo de metanfetaminas que afecta a todos los sectores sociales (SESBC 2025 reporta 38 % de aumento en adicciones). Castigar a empleados públicos es válido, pero sin programas de rehabilitación laboral o prevención interna, la medida queda punitiva y no correctiva, perpetuando estigma en vez de soluciones. La crítica radica en que la “tolerancia cero” debe ser universal y acompañada de apoyo; de lo contrario, se convierte en espectáculo de limpieza selectiva en un sistema donde la corrupción estructural sigue intacta.
La Sindicatura cumple su función, pero la verdadera transparencia se mide cuando las sanciones son masivas, públicas y acompañadas de rehabilitación. Tijuana necesita menos casos ejemplares y más políticas integrales contra las adicciones que azotan a su fuerza laboral.
